La transparencia salarial es ya una obligación legal en España: la Directiva (UE) 2023/970 debe aplicarse desde el 7 de junio de 2026 y obliga a todas las empresas a publicar el salario en sus ofertas de empleo antes de la primera entrevista. Expresiones como «salario a negociar» o «según valía» sin cifras quedan prohibidas desde ese día.
Qué exige la nueva normativa de transparencia salarial
Los trabajadores tienen ahora derecho a solicitar información sobre cuánto cobran sus compañeros en puestos de igual valor, y la empresa tiene un plazo máximo de dos meses para responder. Si existe una diferencia superior al 5% sin justificación objetiva, la empresa está obligada a corregirla.
Cómo afecta la transparencia salarial a empresas y trabajadores
El cambio más relevante en términos procesales es la inversión de la carga de la prueba: ya no es el trabajador quien debe demostrar que existe discriminación salarial, sino la empresa quien debe probar que no discrimina. En caso de incumplimiento, la indemnización es íntegra y sin techo máximo.
Aunque España aún no ha aprobado su ley nacional de transposición, las obligaciones más importantes de la Directiva son de aplicación directa desde el 7 de junio de 2026 e invocables ante cualquier tribunal español.
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